Para la Oficina Regional en México, la destrucción de los ecosistemas y el desplazamiento de los pueblos herederos de estos recursos constituye un eje temático de vital importancia para nuestro trabajo. Dadas las condiciones de exclusión social predominantes en la región, podemos observar que este tema se convierte cada vez más en una prioridad y entendemos que la desigualdad e inequidad están intrínsecamente relacionadas al control de estos recursos y al uso que se les da.
Para nosotros es claro que el sistema político imperante busca mantener el ritmo de la acumulación de riqueza en México a costa de la destrucción de los modos de vida de pueblos enteros y en detrimento de los recursos energéticos, hídricos, forestales y agrícolas de la nación. Por esta razón, la RLS apoya la defensa jurídica y popular del derecho a la conservación del hábitat, a la consulta, a los derechos de los pueblos indios y al agua como parte de los derechos humanos básicos. Al mismo tiempo, buscamos fomentar la formación de liderazgos entre las comunidades rurales, urbanas y en desventaja; su vinculación e intercambio con líderes semejantes en otras regiones y potenciar su voz ante instancias internacionales y autoridades locales.
Desde nuestra perspectiva, las políticas públicas de urbanización y medio ambiente de la región obedecen a intereses ajenos al beneficio de los pueblos, que han sido creadas siguiendo los designios dictados por empresas transnacionales y de grandes proyectos turísticos que en poco o nada impactan positivamente la calidad de vida de poblaciones que ya viven en una situación de marginación. Por esta razón apoyamos la educación y la formación de las comunidades afectadas sobre temas de relevancia inmediata como la contaminación de las aguas, la creación de basureros, la construcción de megaproyectos y la expropiación de los mantos acuíferos, entre otros.
Apoyamos la creación de materiales populares y académicos que versen sobre la problemática expuesta, su debate y sobretodo la creación de propuestas alternativas para la administración de éstos recursos. De manera central, creemos en el derecho de las propias comunidades a decidir por ellas mismas el destino de sus bienes ancestrales y en su derecho a administrarlos.